La República Dominicana presentó ante representantes de América Latina y el Caribe los avances alcanzados en la organización de servicios para adultos mayores en condición de dependencia, en momentos en que el envejecimiento poblacional, los cambios en las familias y la creciente demanda de asistencia obligan a los Estados a fortalecer sus sistemas de protección social.
La exposición estuvo a cargo de la directora general de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, durante la decimotercera Reunión de la Red de Políticas de Cuidados de Larga Duración en América Latina y el Caribe (RedCUIDAR+), celebrada en Montevideo, Uruguay. El encuentro congregó a funcionarios gubernamentales y especialistas regionales e internacionales con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La agenda se desarrolló bajo el tema de las sociedades que cuidan y estuvo orientada a revisar progresos, oportunidades y desafíos en la atención prolongada. La delegación dominicana también estuvo integrada por la subdirectora de Desarrollo Inclusivo de Supérate, Carolina Alvarado Bolaños, y la directora de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Diana Mejía.
Atención en los hogares
Durante un panel dedicado a los servicios que permiten a las personas envejecer en sus propias viviendas, Jiménez explicó la experiencia dominicana de capacitación y contratación de cuidadores para asistir a hogares vulnerables en los que reside alguna persona dependiente. Este modelo se encuentra en una etapa de aplicación gradual y forma parte de una respuesta pública que procura anticiparse al aumento sostenido de estas necesidades.
La funcionaria sostuvo que la política en construcción busca atender tanto a quienes necesitan apoyo para realizar actividades cotidianas como a las personas responsables de cuidarlos. Para ello se combinan transferencias y mecanismos de protección social, capacitación laboral, despliegue territorial, acompañamiento familiar y oportunidades de generación de ingresos.
De acuerdo con los datos compartidos en el evento, más de 16,500 adultos mayores con algún grado de dependencia han sido evaluados en el país. Alrededor de 5,000 reciben servicios en centros diurnos o establecimientos de atención permanente, mientras 240 cuentan actualmente con asistencia domiciliaria. La meta oficial es llevar esta última modalidad a 550 hogares al finalizar el año.
Las cifras muestran que la atención en casa todavía alcanza a una parte limitada de la población identificada, aunque el Gobierno la considera una modalidad con potencial para crecer. Además de facilitar que los beneficiarios permanezcan en su entorno, este servicio puede reducir la carga que suele recaer, sin remuneración ni preparación especializada, sobre otros integrantes de la familia.
Capacitación y empleos
Uno de los componentes expuestos fue la profesionalización del trabajo. Mediante una coordinación con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), 7,419 personas han recibido capacitación en el cuidado de adultos mayores en distintas provincias. La formación pretende elevar la calidad de la asistencia y convertir una tarea tradicionalmente informal en una actividad con conocimientos, protocolos y posibilidades de empleo.
Supérate también coordina el proceso que comienza con la localización de familias que requieren ayuda. Luego se determina el nivel de dependencia de la persona y, según la evaluación, se asigna el servicio correspondiente. La intención es que la atención domiciliaria no opere de forma aislada, sino vinculada al acompañamiento sociofamiliar y a otras prestaciones públicas que pueda necesitar cada hogar.
Ese esquema requiere la participación coordinada de 13 instituciones estatales relacionadas con las diferentes dimensiones de la política de cuidados. Según la presentación dominicana, la articulación interinstitucional procura evitar respuestas fragmentadas y conectar la asistencia directa con los servicios sociales, la capacitación y las iniciativas de inclusión económica disponibles.
La estrategia contempla, además, ampliar los mecanismos mediante los cuales se ofrecen los servicios. Cooperativas, organizaciones de la sociedad civil, micro, pequeñas y medianas empresas, así como compañías de mayor tamaño, podrían participar en la provisión. El Estado conservaría la responsabilidad de establecer requisitos, vigilar su cumplimiento y supervisar la calidad.
Con esta diversificación, las autoridades buscan aumentar la disponibilidad de cuidadores, hacer financieramente sostenible la expansión y promover puestos de trabajo en las comunidades. El reto será asegurar que el crecimiento de la oferta mantenga criterios uniformes, proteja a las personas dependientes y garantice condiciones laborales adecuadas para quienes realizan las tareas de cuidado.
Un desafío demográfico regional
La discusión de Montevideo ocurre en un contexto común para la región: la población vive más años y las estructuras familiares son diferentes a las de décadas anteriores. Hogares de menor tamaño, migración y una mayor participación laboral de las mujeres reducen la disponibilidad de familiares para brindar atención permanente a adultos mayores o personas con limitaciones funcionales.
Ese escenario ha colocado el cuidado de larga duración en la agenda del desarrollo social. Ya no se plantea únicamente como un asunto privado de cada familia, sino como una responsabilidad que demanda reglas, financiamiento, personal capacitado y coordinación entre instituciones. También implica reconocer el valor económico y social de un trabajo desempeñado históricamente, en gran medida, por mujeres y sin remuneración.
Representantes del BID, la Unión Europea y autoridades uruguayas resaltaron durante el encuentro la importancia estratégica de los cuidados. El intercambio permitió a los países comparar modalidades de atención residencial, centros de día y asistencia domiciliaria, además de examinar alternativas para sostener su cobertura frente al aumento de la demanda.
Para la República Dominicana, la expansión anunciada representa un paso dentro de un proceso de mayor alcance. Los resultados dependerán de la capacidad institucional para convertir las evaluaciones en servicios, ampliar la cantidad de hogares atendidos, fiscalizar a los proveedores y mantener una ruta clara entre la detección de la necesidad y la respuesta efectiva.
La experiencia presentada por Supérate refleja un cambio gradual hacia una intervención estatal más estructurada. Aunque la cobertura domiciliaria proyectada continúa por debajo del universo evaluado, la capacitación de miles de personas y la integración de varias entidades ofrecen una base para desarrollar una red nacional capaz de responder al envejecimiento y aliviar la carga de cuidado dentro de las familias dominicanas.
Con información de: www.presidencia.gob.do
